"Lo que está sucediendo ahora es que EE.UU. está tratando de 'secar' ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor paraíso fiscal del mundo", afirma el periodista. Anteriormente, Washington logró socavar el principio del secreto fiscal en Suiza, que actualmente está obligada a proporcionar a EE.UU. los datos de ciudadanos estadounidenses. 

Mientras tanto, en territorio estadounidense está vigente un secreto bancario ilimitado y los Estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware son "paraísos fiscales absolutos", explica Wolf, añadiendo que tras este escándalo multitud de individuos y corporaciones retirarán sus fondos de las compañías 'offshore' para redirigirlos a los dos primeros Estados.

"En estos 'offshores' hay distribuidos alrededor de 30-40 billones de dólares. Y EE.UU., claramente, está interesado en redirigir estos fondos a su país", ha indicado.

La revelación de los llamados 'papeles de Panamá', la filtración masiva de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales, se convirtió rápidamente en el tema principal de la actualidad informativa de todo el mundo. Según los materiales descubiertos, 11 millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce jefes y exjefes de Estado, así numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países, estarían vinculados a empresas en paraísos fiscales. En un mensaje en Twitter, el exempleado de la CIA Edward Snowden ha calificado la revelación como "la mayor filtración en la historia del periodismo de datos".

Gunnlaugsson se encontraba desde el domingo en el centro de fuertes críticas, después de que su nombre apareciera en una lista de líderes mundiales supuestamente vinculados a empresas registradas en paraísos fiscales.

Miles de personas se congregaron este lunes en la capital del país para exigir su renuncia. En un primer momento, el político desoyó la demanda de parte de la opinión pública, que exigía su dimisión, anunciando que no iba a abandonar su cargo.

Su decisión se produce después de que el presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson, rechazara hoy su petición de disolver el parlamento para convocar las nuevas elecciones.

Sin embargo, la dimisión del primer ministro aún tiene que ser aceptada por su partidarios del Partido de la Independencia, así como por el presidente del país.

Los 'papeles de Panamá', 11 millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, vinculan con paraísos fiscales a doce jefes y exjefes de Estado, así como a numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países. En un mensaje en Twitter, Edward Snowden ha calificado la revelación como "la mayor filtración en la historia del periodismo de datos".

Según los documentos filtrados, es posible que el político islandés haya ocultado en paraísos fiscales millones de dólares de inversiones en varios bancos de Islandia.

Gunnlaugsson y su esposa Anna Sigurlaug Palsdottir fundaron en 2007 la empresa Wintris Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque tener un negocio 'offshore' no es algo ilegal en sí mismo, en 2009, cuando el político fue elegido diputado del Parlamento, negó ser propietario de la empresa. Ocho meses después Gunnlaugsson vendió su mitad de Wintris Inc. a su esposa por un dólar.

La investigación de las acciones del primer ministro reveló que Wintris tenía inversiones de millones de dólares en los bonos de tres importantes bancos de Islandia, que colapsaron tras la crisis financiera que estalló en 2008. En los años posteriores dichos bancos rechazaron compensar completamente lo que debían a sus acreedores extranjeros.

Gunnlaugsson, que ocupa el cargo del primer ministro desde 2013, ha sido involucrado en estas negociaciones, de tal forma que pudo influir sobre el valor de los bancos y de los bonos que poseía su esposa, concluye BBC.

La infanta Cristina de Borbón se sentó en el banquillo de los acusados por el caso Nóos en enero de 2016. Comentando este tema, la abogada de la acusación popular del caso, Virginia López Negrete, ha denunciado en una entrevista a RT que todas las instituciones del Estado en España se esfuerzan por salvar a la hermana del rey.

"Desde que la infanta Cristina entró en juego, es evidente que todas las instituciones del Estado ―la Abogacía del Estado, el Ministerio Público, incluso el presidente del Gobierno―, se pusieron en marcha para intentar salvarla", ha expresado la abogada de la acusación popular en el caso Nóos, Virginia López Negrete, en una entrevista a RT.

El juicio del caso Nóos, que es el más esperado del año 2016 en España, comenzará el 11 de enero. A partir de esa fecha, la infanta Cristina de Borbón se sentará en el banquillo de los acusados, y lo hará gracias a la actuación de la acusación popular.

A lo largo de este proceso, se ha tratado de evitar que fuera imputada, que fuera a declarar, que fuera acusada y hasta se ha intentado evitar que estuviera sentada en el banquillo de los acusados incluso para las cuestiones previas, ha señalado López. "El Ministerio Público no es que solamente haca una defensa o no acusa a la infanta, es que hace una defensa férrea de la misma", ha denunciado la abogada. El organismo "ejerce una labor de defensa casi mayor que la que ejercen los propios letrados de la infanta", ha agregado López.

Se prevé que el del caso Nóos será el juicio más mediático de España, ya que se trata de más de seis millones de euros presuntamente malversados, cinco años de investigación, 76.000 folios de sumario y 18 imputados. Lo que se pretende averiguar es si Nóos, el instituto del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, fue utilizado para desviar fondos públicos y cometer fraude fiscal. 

El caso Nóos ya ha supuesto un duro golpe para la imagen de la monarquía española e incluso provocó que Felipe VI retirase el título de duquesa de Palma a su hermana. 

La infanta Cristina, la hermana del rey, es la protagonista más conocida del caso y será procesada como presunta cooperadora de dos delitos fiscales con la única acusación del sindicato Manos Limpias. Le reclaman una pena de ocho años de prisión.

La condena a la que se enfrenta su marido, Iñaki Urdangarin, es mucho mayor ya que está acusado de numerosos delitos. La Fiscalía pide una condena de 19 años y medio, Manos Limpias, más de 26. Otros principales acusados son su socio, Diego Torres, y la esposa de este, Ana María Tejeiro. También están acusados el expresidente del gobierno Balear Jaume Matas, ex altos cargos de su ejecutivo y también de las comunidades de Madrid y Valencia.

El caso Nóos nació a raíz de un expediente encontrado por el juez José Castro en otro caso de corrupción, una casualidad que ha supuesto que por primera vez un miembro de la casa real española, la infanta, fuese imputada y posteriormente interpelada. La interrogación, en la cual Castro sometió a Doña Cristina hasta seis horas de preguntas fue uno de los momentos más importantes del caso Nóos. Otro de los hitos del mismo fue la declaración de Iñaki Urdangarin, quien cargó toda la responsabilidad en su socio. A su vez, Diego Torres implicó a la Infanta e incluso a la Casa Real española.

Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, ha desvelado este lunes que en el año 2007 le ofrecieron 200.000 dólares por dejarse ganar en primera ronda del torneo de San Petersburgo. Entonces, el serbio decidió no jugar el torneo, informa 'The Daily Mail'. "Me contactaron mediante gente que trabajaba conmigo en aquel entonces. Obviamente lo rechazamos", ha afirmado el tenista.

Estas declaraciones se producen después de que la cadena BBC y el portal Buzzfeed publicaran que 16 de los mejores tenistas de la última década eran sospechosos de haber perdido encuentros a propósito. Djokovic sostiene que desde aquel momento no ha vuelto a escuchar "algo similar" y que hasta donde él sabe el amaño de partidos podría afectar a los torneos de categoría inferior, como los Challenger, pero no al circuito profesional ATP. "Para mí es un acto que va contra los valores del deporte, es un crimen contra el deporte", ha sentenciado.

Fiona Barnett, una australiana de 45 años, ha denunciado públicamente el presunto abuso que sufrió hace 40 años por parte de una supuesta red de pedofilia de élite muy jerarquizada y bien coordinada en la que, según ella, estarían involucrados tres exprimeros ministros, políticos de alto rango, miembros de la policía y de la judicatura, informa el portal news.com.au. "Yo solo estaba reservada para los pedófilos VIP", ha declarado.

La mujer, oriunda de Nueva Gales del Sur, ha testificado que fue prostituida a los 5 años de edad en "fiestas de pedofilia" celebradas en la Casa del Parlamento, en la capital australiana. Asimismo, ha denunciado que miles de menores más fueron víctimas de abusos. Según ella, fue testigo de "cientos de crímenes", entre ellos el secuestro de niños, tortura, violación y el asesinato.

"Mis experiencias fueron horribles y no se pueden describir con palabras. Sin embargo, la forma en la que he sido tratada por denunciar los crímenes de los que fui testigo y que he experimentado ha sido mucho peor que mis experiencias originales de abuso", afirma Barnett, que sostiene que esta red continúa activa en la actualidad.

Barnett asegura haber denunciado su caso a varios profesionales de la salud en la década de los 80, a la Policía de Nueva Gales del Sur en 2008 y a la Comisión Real en 2013, pero que siempre fue "obstruida"por las autoridades, al igual que otras supuestas víctimas.

Nicky Davis, líder del grupo de defensa de abuso infantil Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), ha declarado que la experiencia de Barnett no es la única. "SNAP ha oído hablar de un número de víctimas de delitos muy similares que fueron violados, torturados y cuyos autores incluyen a las personas de más alto nivel de Australia", sostiene.

"Estos son algunos de los peores crímenes cometidos por los más poderosos contra los más vulnerables", afirma Davis, añadiendo que las acusaciones de las víctimas han sido ignoradas por la Comisión Real y funcionarios del Gobierno.

Las denuncias sobre esta red de pedofilia de élite salieron a la luz en una audiencia del Senado a principios de esta semana. El senador liberal Bill Heffernan alegó que había obtenido una lista policial que contiene 28 nombres de personas prominentes en relación al caso. Heffernan no hizo públicos los nombres, pero pidió al fiscal general George Brandis que ampliara la Real Comisión de abuso infantil para incluir a la comunidad jurídica, así como a un exprimer ministro.