Documentos desclasificados revelan que la Embajada de EEUU en Bogotá no hizo nada cuando supo que el ejército colombiano permitió la masacre, porque El Plan Colombia estaba en juego.
La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.
Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.
Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.
Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:
“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.
Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.
Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada no tuvo más qué decir por los siguientes cinco meses.
Lea el documento.Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.
• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”.
Lea el documento. • Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”.
Lea el documento.• Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”.
Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.
• Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres.
Lea el documento.Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”.
Lea el documento. Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores.
Lea el documento. “(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”
La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.
Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.
Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:
“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.
La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:
“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.
A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.
En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.
Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993.
Lea el documento.Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina.
Lea el documento. Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?
"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".
¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?
El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.
En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.
En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones.
Lea el documento. La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.
Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”.
Lea el documento.El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.
Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.
