MOLIERE...un perro en la red

Caracol Radio conoció la identidad y el texto completo de la versión entregada por este testigo.

Se trata de Francisco Enrique Villalba Hernández, actualmente detenido y condenado por dos masacres. Una la de El Aro a 33 años y 4 meses de prisión y otra la masacre de balsitas con una condena de 37 años.

El presidente Álvaro Uribe reveló la existencia de un testigo que estaría sindicando al propio presidente Uribe de haber asistido a una reunión con líderes para-militares para planear una masacre.

Dijo el presidente Uribe que ha tenido que recaudar información y bitácoras de vuelo para desmentir esa versión y advirtió sobre el cuidado que debe tener la justicia ante las denuncias de delincuentes que pretenden enlodar a personas inocentes.

La declaración

Su declaración fue entregada el 15 de febrero del año 2008 y en ella detalla los incidentes de la masacre.

El tema de la reunión en la que según este testigo habría estado el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, surge cuando se le pregunta si en la masacre de El Aro hubo ayuda o participación de la fuerza pública. Entonces responde (y abrimos comillas):

"Si, de la cuarta brigada, lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión, hubieron retiradas de tropas de los retenes suspendidos los retenes de tropa en la carretera y una reunión que tuvimos en la Caucana (Antioquia) 3 días antes de eso y se que ellos, los militares llegaron ahí llegó ese Manosalva, llegó ese que fue general después Ospina, también estuvo este, un comandante de la policía José Serrano, que dijo que habían unos secuestrados arriba".

"También fue el mayor Parra Niño de la policía de Sincelejo y un patrullero que vino con él de apellido Acuña. Ahí estuvieron unos militares, un teniente de la cuarta brigada, no recuerdo el apellido, era de la tropa de cuarta brigada que estaba en Punto Valdivia, una contraguerrilla. Estuvo también Santiago Uribe y Álvaro Uribe que era gobernador cuando eso. "

Se le pregunta también al testigo quienes estaban de las Autodefensas y dice que estaban Salvatore Mancuso, Noventa, el Negro Ricardo, Cobra y Carlos Castaño.

El lugar de la reunión fue una finca y la ubicación la describe así: "antes de llegar al pueblo de la Caucana a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza".

También dice que en la masacre de El Aro, que el califica como un combate, tenía 22 hombres bajo su mando y que fueron rescatadas 8 personas secuestradas.

Dice el testigo que después de la masacre vio nuevamente a Álvaro Uribe quien se presentó para decir que "la operación había sido un éxito".

El tema de la existencia de este testigo, reiteramos, fue revelado esta mañana por el propio presidente Álvaro Uribe en diálogo exclusivo con Caracol Radio. Dijo el presidente que tenía todas las evidencias para desmentir esta versión y que desde hace muchos por los distintos cargos que ha tenido siempre la Fuerza pública sabe de sus movimientos y tiene claro en donde ha estado. También reiteró ha actuado de manera transparente y pidió prudencia en el manejo de las versiones que dan los delincuentes.

¿Quien es Francisco Enrique Villalba?

El hombre que señaló al presidente Álvaro Uribe, de haber planeado la masacre del Aro, es identificado con el alias "Cristian Barreto", un comandante de las autodefensas de Sincelejo.

Villalba señalo tener una permanencia en las autodefensas de 10 años y afirma pertenecer al grupo de loe "Doce Apóstoles", es decir 12 comandantes que operaban en Antioquia.

Se desmovilizó en 1998 como comandante de un bloque en Sincelejo, y luego de ser condecorado con una medalla de oro por lo que fue la masacre de Pichili.

En sus indagatorias villalva realizó estas macabras revelaciónes: "parte del entrenamientro era picar campesinos vivos"

Pruebas de coraje

Bogotá, 24 de abril de 2007.- 'Pruebas de coraje'. De esa manera llamaban los paramilitares a los entrenamientos que les impartían a sus reclutas para que aprendieran a descuartizar personas vivas.

Inicialmente, las autoridades desestimaron las versiones de campesinos que denunciaban esta práctica y le atribuían a estos 'cursos' la desaparición de personas.

Pero cuando los propios combatientes empezaron a admitirlo en sus indagatorias ante la Fiscalía, el mito se convirtió en otro crudo crimen de lesa humanidad.

Francisco Enrique Villalba Hernández (alias 'Cristian Barreto'), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.

Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.

"A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento", dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como 'Doble cero' (Carlos García, asesinado por 'paras' del Cacique Nutibara).

Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. "Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas", describe.

Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.

Luego venía "la instrucción de coraje": repartían a la gente en cuatro o cinco grupos "y ahí la descuartizaban", dice Villalba en la indagatoria. "El instructor le decía a uno: 'Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando'. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo".

De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:

"Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia".

Villalba describe el proceso: "A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos".

El entrenamiento lo exigían, según él, para "probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona".

Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.

"Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró 'Doble cero' y le dijo: 'Venga, que yo sí soy capaz'. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos".

Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.

¿Fosas en lagunas y pozos de Babilla?

A finales de año pasado, un informante contactó a un grupo de investigadores para narrarle cómo antes de que se aprobara la Ley de Justicia y Paz varios jefes 'paras' de Córdoba y Sucre empezaron a hacer, en algunas de sus fincas, lagunas artificiales para la cría de peces. Según el informante, gente de la zona le advirtió a los ingenieros que las construían, que estaba contribuyendo al ocultamiento de fosas. "Solo son indicios -dice un investigador-. Pero tendremos que secar un par de ellas para ver qué encontramos". Y añade que eso también explicaría por qué en fincas como El Palmar -campo de exterminio 'para' en Sucre- había caimanes y babillas. Al respecto, Iván Cepeda, investigador de violaciones a derechos humanos, asegura en uno de sus escritos que testigos le han manifestado que varios cadáveres fueron devorados por caimanes. La misma versión circula en Monpox con relación a una finca de 'Chepe Barrera'.

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El sindicalismo en Colombia está de luto. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes e integrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero, cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día, mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas).

Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados. El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia. Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento. De mantenerse esta tendencia, los logros que se habían conseguido hasta ahora se podrían reversar. .

Ninguno de los sindicalistas asesinados en este año, según dijeron funcionarios del gobierno a Semana.com, había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones de seguridad a quienes estén en riesgo.

Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatro de los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participación activa y liderazgo en dicha caminata. Las autoridades aún no han confirmado ni desmentido esta denuncia.

Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo, las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios.

Como sucede a veces en Colombia con personas protegidas especialmente por su labor en defensa de los derechos ciudadanos –defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, etc., — que algunos pocos resultan asesinados por razones que nada tienen que ver con su labor, asimismo sucede con los sindicalistas. Incluso el informe de 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que asegura que en miembros de los sindicatos continuaron siendo blanco de la guerrilla de las Farc y el Eln, y de los nuevos grupos armados al margen de la ley, por razones políticas, también señala que algunos sindicalistas fueron muertos como consecuencia de casos de robo, riñas domésticas y otras razones ajenas a la política.

“De acuerdo con la Fiscalía –dice el informe – los motivos en la mayoría de los casos procesados no tuvieron relación con el hecho de que las víctimas fueran integrantes de un sindicato”.

Sobre las muertes recientes, hay que esperar a que las autoridades judiciales lleguen a descubrir realmente qué es lo que ha pasado y den con los responsables. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatos de sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes. Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas y consideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país.

En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, reconocieron que en Colombia se han visto progresos en las garantías para ejercer la actividad sindical. Pero, a su vez, llamaron la atención por la presiones y amenazas que han recaído últimamente sobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba “por parte del rector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)”. Le pidió al gobierno que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.

Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de esta caminata estaban las Farc.

Males nuevos y viejos

Los conocedores del tema advierten que habrá dificultades el futuro inmediato. Paradójicamente, en momentos en que se necesita más que nunca que se respete la vida de sindicalistas y líderes para la aprobación del TLC con Estados Unidos, se avecina un turbio panorama.

Para empezar, despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las Auc habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante ‘Camilo’ anuncia una primera fase armada con el “total rearme de las fuerzas paramilitares”.

“Después de ese anuncio, no conozco aún que se haya registrado alguna violación por parte de ese grupo, pero prende las alarmas”, dijo Correa, el director de Investigaciones de la ENS. Ese ambiente cargado de amenazas y polarización se suma a viejos males de la sociedad colombiana, que tiene una visión negativa de los sindicatos. En este terreno abonado florece la intolerancia y la agresión contra miembros y líderes de sindicatos.

Ahora, lo que se avecina para las autoridades es un gran reto, pues los sindicalistas son un grupo de población vulnerable que requieren especial protección debido al importante papel que cumplen en una democracia en representación del trabajo. Es deber del gobierno proteger sus vidas y habilitar su actividad como miembros activos de organizaciones laborales.

El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.

Al Programa de Protección que se viene desarrollando desde 1997, según explicó Andrés Palacio, viceministro de Relaciones Laborales, del Ministerio de la Protección Social, a Semana.com, van a tomar medidas extraordinarias como un programa de recompensas para aquellos que informen sobre quiénes amenazaron o mataron a algún sindicalista y que coordinará el director de la Policía, general Óscar Naranjo.

También garantizarán protección especial a los trabajadores que se encuentren en procesos de negociación colectiva y que sientan que están en alto riesgo de muerte.

Fuera de eso, el gobierno hará una campaña en los medios de comunicación que invite a respetar la vida de los maestros. El viceministro explicó que esta será dirigida en particular a valorar a los maestros “porque son quienes más se ven afectados por la violencia, ya que además de su trabajo con el magisterio algunos maestros son voceros de las comunidades y denuncian acciones ilegales como la presencia de cultivos ilícitos, narcotraficantes o grupos armados”. El Viceministerio también anunció un cuidado especial a los trabajadores de los hospitales que están en proceso de reestructuración y que manejan grandes sumas de dinero.

“Esas determinaciones fueron producto de un acuerdo entre sindicatos y autoridades después de detectar los focos donde más violencia se está generando últimamente”, dijo el funcionario.

Lo que viene es duro tanto para las autoridades como para los sindicalistas. A pesar de los esfuerzos de Estado y líderes sindicales por prevertir la ola de violencia y desactivar la cultura de intolerancia que la alimenta, en tres meses ya van 17 sindicalistas asesinados. Un costosísimo campanazo de alerta que está diciendo a gritos que hay que hacer mucho más para acabar con este despreciable crimen.

Via Semana.com

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El presidente colombiano Alvaro Uribe Velez, conocido el los bajos fondos del narcotráfico y el paramilitarismo como alias "Doctor Varito", decidió extraditar sorpresivamente a sus principales compinches ahora llamados "jefes desmovilizados de las autodefensas", pero que en realidad son vulgares delincuentes y asesinos, todos vinculados al negocio del narcotráfico.

Por ahora son 15, que se encontraban en distintas cárceles colombianas como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Carlos Mario Jimenez Naranjo alias Macaco, Salvatore Mancuso alias Santander Lozada, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, Diego Alberto Luis Arroyave y Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves.

La traición comenzó a las 12 de la noche. Los asesinos que llevaron a Uribe a la presidencia de Colombia y que luego lograron su reelección, empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos los nuevos panas de Uribe (hombres de la DEA) para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico.

Uribe toma café con su socio y amigo Hernan Giraldo Serna, Narcotraficante, jefe de las Autodefensas "Heroes de Tayrona" en la Sierra Nevada y quién confesó haber financiado campañas políticas.

Valledupar, 10 de abril (www.elpaisvallenato.com ) Medida de aseguramiento contra el senador por el partido Cambio Radical, Miguel Pinedo Vidal, dictó la Corte Suprema de Justicia, detenido por agentes del CTI en su residencia de Santa Marta por presuntos vínculos con paramilitares.

El Alto Tribunal tuvo en cuenta dos de los testimonios que involucran a Vidal con grupos de autodefensa. Uno de ellos es el del