Primer arzobispo español en sentarse en el banquillo
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció.
Según ha informado el letrado de la acusación, el delito de coacciones se refiere a la intimidación que supuestamente ejerció contra el sacerdote, Javier Martínez Medina, para que paralizara la publicación de un libro sobre la Catedral de Granada.
Por este delito, el titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Miguel Ángel Torres -instructor del caso Malaya- condena al arzobispo al pago de una multa de 10 euros durante 12 meses, mientras que por la falta de injurias le impone una multa de 10 euros durante 15 días.
El sacerdote acusaba al prelado de dos delitos de coacciones, uno de calumnias continuado o alternativamente de injurias continuado, así como de acoso moral y lesiones psicológicas.
La Fiscalía elevó por su parte a definitiva su petición de absolución para el arzobispo, al que consideró, durante la última sesión del juicio, "víctima" de un caso "insólito y único en España".
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, el arzobispo defendió su libertad de actuación como responsable de la Diócesis y aseguró que nunca quiso dañar al sacerdote querellante.
El prelado, que se convirtió en el primer arzobispo español en sentarse en el banquillo de los acusados, negó ante el juez haber amenazado o presionado al clérigo, cuya destitución como canónigo, retirada de la Cátedra de la Facultad de Teología y suspensión "ad divinis" justificó en una "pérdida de confianza".
El cura denunciante se querelló contra el arzobispo después de que en febrero del año pasado acabara sin avenencia el acto de conciliación en el que estaba llamado a participar el prelado tras ser demandado por aquél por injurias y calumnias.
El sacerdote sostenía que el arzobispo le había injuriado y calumniado en una carta en la que le acusaba de una apropiación indebida relacionada con su trabajo de archivero y de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral de Granada, cuyos autores demandaron también al prelado.
EFE. 10.12.2007
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