MOLIERE...un perro en la red

La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, La Masacre de El Salado.

Documentos desclasificados revelan que la Embajada de EEUU en Bogotá no hizo nada cuando supo que el ejército colombiano permitió la masacre, porque El Plan Colombia estaba en juego.

La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.

Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.

Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.

Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:

“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.
Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.

Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada no tuvo más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento.

Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento.

• Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento.

• Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.



• Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento.

Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento.

Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento.

“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.



En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento.

Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento. 

Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento.

La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

Acuerdo entre Francia y Brasil marca el principio del fin de la era injerencista del Imperio yankee en Latinoamérica

El acuerdo firmado el 7 de septiembre por Luiz Inacio Lula da Silva y Nicolas Sarkozy completa el viraje estratégico producido en la región con la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de Brasil como potencia global. Nace un complejo militar-industrial autónomo en el que alguna vez fuera el patio trasero del imperio, que consigue blindar la Amazonia y las reservas de hidrocarburos descubiertas en el litoral marítimo brasileño. Por si fuera poco, se informó que Brasil está en condiciones de fabricar armas atómicas.

El 5 de septiembre, el general Luiz Eduardo Rocha Paiva, profesor de la Escuela del Estado Mayor del Ejército, firmó un artículo de análisis en el sitio militar Defesanet: “La miopía estratégica y la indigencia militar son las mayores amenazas a la soberanía de Brasil”. Desde una perspectiva conservadora, critica de modo frontal la reacción de su país a la instalación de siete bases estadunidenses en territorio colombiano. Dice: “no serían un problema si Brasil dispusiese de poder militar a la altura de la posición que pretende adoptar en el escenario internacional. Lo que nos amenaza es nuestra debilidad”.

El artículo refleja el estado de ánimo de los militares brasileños, que temen una intervención de potencias occidentales que desde 1990 buscan “imponernos una soberanía compartida” en la Amazonia. La sensación de debilidad creció desde que un año atrás fueron descubiertos 50 mil millones de barriles de petróleo en el mar de Brasil, a siete kilómetros de profundidad. Esos recursos serán explotados por el Estado y no por empresas privadas, según propone Lula, con lo que Brasil se coloca como una de las principales estrellas del emergente BRIC, combinando una potente industria con autonomía energética que no todos poseen.

Faltaba la autonomía militar. El acuerdo con Francia le permite comprar cinco submarinos, uno nuclear, y 50 helicópteros de transporte militar por un valor de 12 mil millones de dólares. Con la anunciada adquisición de 36 cazabombarderos Rafale de la francesa Dassault, la cifra se elevaría a 18 mil millones de dólares, pero la prensa gala estima que la compra puede ascender a 120 aviones. Si se confirma la preferencia de Lula por el aparato francés, habrá quedado por el camino el F-18 Hornet de Boeing, en una decisión política que se ha interpretado como una “declaración de guerra” a Washington.

El negocio incluye la adquisición por Francia de 10 aviones de transporte militar KC-390 brasileños para sustituir los Hércules C-130 estadunidenses. Con ser importante, el negocio es apenas un detalle menor al lado de la masiva transferencia de tecnología que conlleva la alianza.

El acuerdo contempla la construcción de astilleros en Río de Janeiro, donde serán construidos los submarinos Scorpene; en tanto, los helicópteros serán armados en Minas Gerais por la empresa binacional Helibras, filial de la europea EADS.

Con los aviones de combate la cuestión es más ambiciosa. “La adquisición de los Rafale no será una mera compra, porque se construirán en Brasil y existirá la posibilidad de que sean vendidos en América Latina”, dijo el canciller Celso Amorim. Las seis primeras aeronaves las entregará Francia, pero las 30 restantes serán ensambladas por la brasileña Embraer, que ya es la tercera empresa aeronáutica del mundo detrás de Airbus y Boeing, y fabrica aviones de combate, aunque no cazabombarderos de última generación. El contrato a estudio considera que Brasil podrá vender los cazas Rafale en Sudamérica, lo que da idea de la trascendencia de una alianza que, en los hechos, lo convierte en un avión de combate franco-brasileño.

De ese modo, Brasil pasa a ostentar la mayor flota naval de América Latina y una industria capaz de abastecer a sus fuerzas armadas de modo permanente según la evolución de los acontecimientos en la región. Brasil estará entre los once países del mundo capaces de fabricar cazabombarderos. El monto de los acuerdos, si se incluyen los Rafale, sería cuatro veces superior al costo del Plan Colombia. Así Brasil completa un giro radical: hace siete décadas, durante la Segunda Guerra Mundial, Getulio Vargas alineó a su país con Estados Unidos. Ahora Lula proclama la “segunda independencia”, como dijo cuando propuso la creación de Petrosal, la empresa estatal encargada de monitorear la explotación de yacimientos que ahora protegerá la marina.

Quien crea que es una política del gobierno de Lula está equivocado. Es una opción del Estado brasileño, largamente planificada –los acuerdos con Francia fueron negociados más de un año–, pero acelerada por la decisión del Comando Sur de convertir a Colombia en una gigantesca base militar. El Parlamento de Brasilia aprobó en tiempo récord de 48 horas los fondos para la compra de los cinco submarinos y los 50 helicópteros.

Más claro fue el comandante de la marina, Julio Soares de Moura Neto, quien respondió a un cuestionamiento del conservador Folha de Sao Paulo sobre el elevado gasto militar: “Los brasileños precisan tener conciencia de que tenemos riquezas inconmensurables en el mar, y la marina debe estar preparada para defender nuestra soberanía sobre ellas”. Agregó que la reactivación de la Cuarta Flota “no fue ni política ni diplomáticamente informada a Brasil”, con lo que la pretendida alianza entre la Casa Blanca y Planalto se disolvió en las nieblas del militarismo.

La alianza entre Francia y Brasil echa luz sobre los verdaderos acontecimientos del continente; las cosas se han invertido: ya no son los gobiernos díscolos del sur los que pretenden poner palos en la rueda de la hegemonía estadounidense. Es la Casa Blanca la que intenta frenar el ascenso de Brasil al rango de potencia global, lo que inevitablemente supone el ocaso de Estados Unidos en la región.

Raúl Zibechi

moliere venezuela mujeres youtube videos musica chicas famosas Music+Videos fotos humor videos+de+jovencitas Videos+Divertidos latinas bellezas+venezolanas blog blogalaxia bromas trucos trick show comedy funny women naked desnudas japanese woman Funny+Animal+Videos Video+Clips Celebrity+Videos Cool+Videos Extreme+Videos Stupid+Videos Fight+Videos Sexy+Videos Crazy+Videos peleas+de+mujeres perros moliere dogs chinese Funny+Videos girls usa best+videos reggaeton bailar sex+videos videos+divertidos Entertainment futbol porn sex internet cuba rbd shakira ronaldinho nicaragua bolivia iran sexo ecuador colombia mexico españa argentina brasil peru linda+lohan argentinas france japan italia francia eeuu dinero amor juego

By Juan Forero
Washington Post Foreign Service
Sunday, March 30, 2008; Page A01

SAN FRANCISCO, Colombia -- Todo lo que Cruz Elena González vio cuando los soldados pasaron cerca de su casa era un cadáver envuelto y atado con una correa a una mula. Un guerrillero muerto en combate, uno de los soldados murmuró, cuando caminaron en frente de su hogar en una ciudad del noroeste en Colombia.

Ella pronto se enteró que el cuerpo perteneció a su hijo de 16 años, Robeiro Valencia, y que los soldados lo habían clasificado como guerrillero muerto en combate, una acusación desacreditada más adelante por el órgano de derechos humanos del gobierno local. “Imagínese lo que sentía cuando mi otro hijo me dijo que era Robeiro,” González dijo al contar de nuevo la matanza de agosto. “Él era mi muchacho.”

Financiado en parte por la administración de Bush, una ofensiva militar de seis años ha ayudado al gobierno a arrebatar el territorio que una vez que fue controlado por la guerrilla y a la muerte de centenares de rebeldes estos últimos meses, incluyendo dos comandantes superiores de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC.

Pero bajo presión intensa de comandantes militares colombianos para que existan guerrilleros muertos en el combate, el ejército también ha estado matando estos últimos años cada vez más granjeros pobres y los ha estado pasando por rebeldes muertos en combate, por fuentes de funcionarios del gobierno y grupos de derechos humanos. La táctica ha provocado un discusión feroz en el ministerio de defensa entre los generales conservadores que favorecen una campaña agresiva que se centre en recuentos de víctimas y los reformadores que dicen ue el ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla.

Las matanzas, realizadas por las unidades de combate bajo órdenes de comandantes regionales, han sido siempre un problema en el conflicto de 44 años -- uno que enfrenta al ejército contra un movimiento rebelde basado en campesinos.

Pero con la desmovilización reciente de millares de combatientes paramilitares, muchos de los cuales formaban los escuadrones de la muerte para eliminar los rebeldes, las matanzas del ejército de civiles han crecido de forma marcada desde 2004, según grupos de derechos humanos, los investigadores de las Naciones Unidas y el ministerio del interior del gobierno. El repunte ha venido durante un rearme militar que duplicado las fuerzas armadas a casi 270.000 miembros en los seis años anteriores para ser la segunda fuerza militar en América latina.

Existen diferentes estimaciones del número de matanzas extrajudiciales registradas, muertes de civiles como son llamadas. Pero un informe por una coalición de 187 grupos de derechos humanos dijo que hay alegaciones de que han muerto 955 civiles entre mediados de 2002 y mediados de 2007 y clasificados como guerrilleros caidos en combate -- un aumento del 60 por ciento durante los cinco años anteriores, cuando divulgaron 577 civiles matados por las tropas.

“Veíamos esto como algo aislado, como una patrulla militar había perdido el control,” dijo Bayron Gongora de los Grupos de Libertad Judicial, un grupo de abogados de Medellin que representa a las familias de 110 personas muertas en circunstancias vergonzosas. “Pero qué ahora estamos viendo es sistemático.”

Las víctimas son marginados en la sociedad altamente estratificada de Colombia. La mayoría, como Robeiro Valencia, son agricultores de subsistencia. Otros son Colombians pobres secuestrados de las calles de la populosa Medellin, la capital de este estado, Antioquia, donde se han observado la mayoría de los asesinatos.

Amparo Bermúdez Davila dijo que su hijo, Diego Castañeda, 27, desapareció de Medellin en enero de 2006. Dos meses más adelante, las autoridades llamaban para decir había sido muerto, otra muerte del campo de batalla. Para convencerla, le mostraron una fotografía de su cuerpo, vestido en camuflaje.

“Dije, “guerrillero?” “ella recordó. “Mi hijo no era guerrillero. Y me dijeron que si pensaba que él no era guerrillero, debía presentar una queja.”

Los querellantes militares inician ordinariamente investigaciones cuando el ejército mata a alguien. En los casos que parecen criminales, los querellantes civiles asumen el control, como hicieron en los asesinatos de Valencia y Castañeda en San Francisco. Pero los grupos de derechos humanos y los querellantes del gobierno dicen que las pruebas iniciales han sido generalmente superficiales, y los investigadores han estado bajo presión intensa de altos oficiales del ejército para decidir en favor del ejército.

Tales desafíos han hecho imposible tabular el número exacto de civiles muertos, aunque los grupos de derechos humanos, la oficina del Procurador General de la República y la oficina del Inspector General han hecho estimaciones.

La oficina del Procurador General de la República está investigando 525 matanzas de civiles, la gran mayoría de los cuales ocurrieron desde 2002 y para en la cuá están implicados 706 soldados y funcionarios. La oficina tiene otros 500 casos que implican centenares más de víctimas que están aún por ser abiertos. La oficina del Inspector General, mientras tanto, está investigando 650 casos a partir de 2003 a mediados de 2007 que podría también implicar tanto como 1.000 víctimas, dijo a Carlos Arturo Gómez, el vice Inspector General.

“El año pasado, el número de quejas se disparó,” Gómez dijo. “Algunos han dicho que la causa podría ser los miembros militares sin escrúpulos que quieren demostrar resultados a través de operaciones falsas. Otros dicen que es el producto de la presión de los altos mandos, para empujar la obtención de resultados.”

La tendencia ha incitado la preocupación entre algunos miembros del congreso de los E.E.U.U. como el Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), presidente del subcomité de operaciones extranjeras y de apropiaciones del senado, dijo que él está conteniendo 23 millones de dolares en ayuda militar hasta que él vea progreso en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el estado.

“Hemos tenido en seis años, 5 mil millones de dolares en ayuda de los E.E.U.U. Más de la mitad de los mismos ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando a más civiles, no menos,” Leahy dijo en una entrevista. “Y por todas las informaciones, toda las informaciones independientes, encontramos que los civiles sencillamente los estan eliminando, se están asesinando y después se están vistiendo los civiles con uniformes así pueden ser contados como guerrilleros muertos.”

Frente a una cadena de éxitos recientes contra el FARC, el gobierno de presidente Álvaro Uribe se ha defendido contra las acusaciones y afirma que es parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.

No obstante, el ministro de defensa Juan Manuel Santos reconoce muertes civiles y ha iniciado una serie de pasos que incluyan las nuevas reglas de enfrentamiento, asignando a inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorando el entrenamiento en derechos humanos para los soldados.

El militar también ha estado agilizando su sistema de justicia y la transferencia de más casos a la oficina del Procurador General de la República, que las Naciones Unidas dicen debe tener un mayor papel para poder eliminar las ejecuciones extrajudiciales. La oficina del Procurador General de la República dijo que han detenido a más de 200 miembros las fuerzas armadas siendo investigados por su implicación en las matanzas de civiles, con 13 condenados el año pasado.

“He dicho esto muy claramente: El soldado que realiza un crimen es un criminal, y lo tratarán como criminal,” Santos dijo.

Santos también ha mencionad, en discursos y reuniones, que la política anti-guerrillera del ejército se debe centrar más en la generación de abandonos que acumulando muertes del combate, el método tradicional de medir éxito. “He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero a un guerrilla desmovilizada, o un guerrilla capturado, a un guerrilla muerto,” señaló Santos.

Pero los generales reformadores se han tropezado con los generales influyentes del ministerio de defensa que han defendido a los oficiales acusados de asesinatos y favorecen una estrategia más tradicional para derrotar a los rebeldes.

Esto significa darle a los comandantes en el campo la autonomía y la inculcación de una filosofía que favorece el enfrentamiento rápido con los rebeldes.

¿“Cuál es el resultado de las ofensivas? Combate,” dijo el General Mario Montoya, cabeza del ejército de Colombia, en una entrevista. “Y si hay combate, va a haber muertos en el combate.”

Los grupos de derechos humanos observan una tendencia preocupante, debido a que las táctica usadas por algunas unidades del ejercito son similares a las que los escuadrones de la muerte utilizaban para aterrorizar a civiles. Un investigador jefe de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades del ejercito fueron tan lejos como para llevar "gatitos" que incluyeron las granadas y las pistolas que se podrían plantar al lado de cuerpos.

“El método de matar a la gente percibida como colaboradores de l aguerrilla todavía se considera como legítimo por demasiados miembros del ejército,” dijo a Lisa Haugaard, director del grupo de trabajo de América latina, una coalición con sede en Washington de grupos humanitarios.

Después de que ella se entrevistara con a un número de familias de víctimas, ella determinó que en muchos de los casos los soldados “parecían ir en misiones, no accidentalmente detenian y asesinaban a personas,” dijo.

El oficial más alto implicado en matanzas extrajudiciales es Coronel Hernan Mejia.

Un sargento del ejército retirado que estaba bajo comando de Mejia, Edwin Guzman, contaba de nuevo en una entrevista cómo la unidad de Mejia mataba a granjeros campesinos, los vestía para arriba en trajes de combate y posteriormente llamaba a reporteros del diario local para escribir sobre el supuesto combate que había ocurrido.

Guzman, ahora un testigo del gobierno contra Mejia, dijo participaron los soldados porque sabían que el ejército dio desde incentivos de pago adicional hasta días libres para asesinatos masivos en combate. “Esto es porque el ejército da los premios por las matanzas, no por el control del territorio,” dijo.

Entre ésos tomados como muertos en combate aquí en San Francisco está Rodrigo Albeiro Jiménez, 23, granjero que acababa de ser padre cuando una patrulla del ejército el 19 de octubre de 2004 lo detuvo. Los soldados detuvieron a Jiménez -- nunca fue establecido exactamente porqué -- y dejaron ir a sus compañeros.

Los otros granjeros dijeron a investigadores que entonces oyeron disparos.

Horas más adelante, su esposa, Marelbi Quintero, recibió la noticia: Jiménez había sido asesinado, muerto en combate por un pelotón local.

“Pusieron un arma en su mano y no sé cuántas granadas,” ella dijo. “Intentaron decir que él había hecho algo, o planeaba hacer algo.”

moliere venezuela mujeres youtube videos musica chicas famosas Music+Videos fotos humor videos+de+jovencitas Videos+Divertidos latinas bellezas+venezolanas blog blogalaxia bromas trucos trick show comedy funny women naked desnudas japanese woman Funny+Animal+Videos Video+Clips Celebrity+Videos Cool+Videos Extreme+Videos Stupid+Videos Fight+Videos Sexy+Videos Crazy+Videos peleas+de+mujeres perros moliere dogs chinese Funny+Videos girls usa best+videos reggaeton bailar sex+videos videos+divertidos Entertainment futbol porn sex internet cuba rbd shakira ronaldinho nicaragua bolivia iran sexo ecuador colombia mexico españa argentina brasil peru linda+lohan argentinas france japan italia francia eeuu dinero amor juego