MOLIERE...un perro en la red

La policía secreta arrestó en la ciudad de Cúcuta al ex soldado colombiano José Misael Valero Santana, alias "Lucas'', quien, de acuerdo con testimonios recogidos por la Fiscalía de Colombia, comandaba una fuerza armada paramilitar compuesta por unos 2,000 hombres en cinco estados venezolanos fronterizos.

Valero Santana, arrestado el miércoles, tiene pendientes en Colombia dos condenas de 40 y 25 años de cárcel por homicidio múltiple, lo mismo que cuatro llamamientos a juicio.

El arresto de Valero Santana, de 39 años de edad, ocurrió por casualidad en un control migratorio al pie de la frontera con Venezuela. El paramilitar se identificó con una cédula de ciudadanía colombiana falsificada a nombre de José Ernesto Amaya Amado, pero su verdadera identidad quedó al descubierto cuando sus huellas digitales fueron cotejadas en los archivos de la policía.

De acuerdo con testimonios recaudados por la Fiscalía de Colombia, las fuerzas paramilitares del Valero Santana en Venezuela operan en los estados de Táchira, Mérida, Barinas, Lara y Trujillo.

Uno de los pedidos judiciales en Colombia contra Valero Santana corresponde al intento de asesinato en Bogotá del congresista Wilson Borja, en diciembre del 2000, cuando este era presiente de la Federación Nacional de Trabajadores FENALTRASE. El atentado fue perpetrado con cohetes antitanque cuyas explosiones dejaron gravemente herido a Borja y le causaron la muerte a una mujer que vendía café en la calle.

Expedientes judiciales colombianos muestran que Valero Santana operó en Colombia en coordinación con el Ejército Nacional y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la ayuda de los cuales montó, con sicarios colombianos, una organización de escuadrones de la muerte que comenzó a operar en el estado venezolano de Táchira.

Los primeros sicarios llevados por Valero Santana a Venezuela fueron preparados en un campo de entrenamiento que funcionó en una hacienda del municipio colombiano de Puerto Santander, en límites de los dos países.

La existencia de ese campo fue confirmada a El Nuevo Herald por un general de Ejército hoy preso, así como por el mayor de la misma arma Mauricio Llorente Chávez, condenado a 40 años de cárcel por haber sido cómplice de tres masacres cometidas por paramilitares en la región fronteriza de Catatumbo.

El mayor Llorente Chávez fue comandante de Valero Santana en el Ejército colombiano y en entrevista con El Nuevo Herald reveló que su ex subalterno estaba comandando en Venezuela un ejército paramilitar.

El soldado colombiano Giovanni Velásquez, condenado por los mismos delitos de los que es responsable Llorente, también confirmó en mayo la existencia del campo de entrenamiento paramilitar y el papel de Valero Santana en Venezuela.

De acuerdo con Velásquez, "en este momento hay 2,000 paramilitares en Venezuela en lo que es La Fría, Colón [en el estado Táchira], El Vigía [estado Mérida], Barinas [capital del estado Barinas], Barquisimeto [capital del estado Lara], Trujillo y Valera [estado Trujillo]. ¿Con qué fin? Con el fin de darle de baja a [Hugo] Chávez, con el fin de desestabilizar a Chávez''.

En entrevista con El Nuevo Herald, Velásquez sostuvo que, además, participó en el entrenamiento del primer grupo de paramilitares que entró a Venezuela en el 2000 con la misión inicial de asesinar al presidente Chávez.

El entrenamiento se hizo en un base paramilitar de frontera instalada en la hacienda Las Timbas del municipio de Puerto Santander y en él también participaron, "el señor El Iguano [paramilitar hoy preso en Colombia], Jairo El Sicario; el comando [comandante] Cordillera, y el comando Mauricio'', aseguró Velásquez.

La jefatura de Valero Santa sobre múltiples escuadrones de la muerte en Venezuela ha sido mencionada además por el jefe paramilitar de Cúcuta Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, preso en una cárcel colombiana de alta seguridad.

Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que fue condenado por haber trabajado desde esa posición oficial para las AUC y para narcotraficantes cuyos nombres borró de listados judiciales, mencionó también a Valero.

Los paramilitares instalados a cada lado de la frontera colombo-venezolana, con una extensión de 2,219 kilómetros, son señalados de proteger las principales operaciones de narcotráfico que ocurren en la zona.

En su avance hacia Venezuela, los paramilitares colombianos han encontrado la resistencia del grupo paramilitar Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una organización que simpatiza con el presidente Chávez y que ha asumido la defensa de la soberanía del territorio venezolano, según comentaron autoridades locales a El Nuevo Herald en una serie periodística publicada la semana pasada.

La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, La Masacre de El Salado.

Documentos desclasificados revelan que la Embajada de EEUU en Bogotá no hizo nada cuando supo que el ejército colombiano permitió la masacre, porque El Plan Colombia estaba en juego.

La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.

Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.

Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.

Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:

“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.
Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.

Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada no tuvo más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento.

Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento.

• Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento.

• Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.



• Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento.

Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento.

Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento.

“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.



En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento.

Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento. 

Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento.

La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

By Juan Forero
Washington Post Foreign Service
Sunday, March 30, 2008; Page A01

SAN FRANCISCO, Colombia -- Todo lo que Cruz Elena González vio cuando los soldados pasaron cerca de su casa era un cadáver envuelto y atado con una correa a una mula. Un guerrillero muerto en combate, uno de los soldados murmuró, cuando caminaron en frente de su hogar en una ciudad del noroeste en Colombia.

Ella pronto se enteró que el cuerpo perteneció a su hijo de 16 años, Robeiro Valencia, y que los soldados lo habían clasificado como guerrillero muerto en combate, una acusación desacreditada más adelante por el órgano de derechos humanos del gobierno local. “Imagínese lo que sentía cuando mi otro hijo me dijo que era Robeiro,” González dijo al contar de nuevo la matanza de agosto. “Él era mi muchacho.”

Financiado en parte por la administración de Bush, una ofensiva militar de seis años ha ayudado al gobierno a arrebatar el territorio que una vez que fue controlado por la guerrilla y a la muerte de centenares de rebeldes estos últimos meses, incluyendo dos comandantes superiores de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC.

Pero bajo presión intensa de comandantes militares colombianos para que existan guerrilleros muertos en el combate, el ejército también ha estado matando estos últimos años cada vez más granjeros pobres y los ha estado pasando por rebeldes muertos en combate, por fuentes de funcionarios del gobierno y grupos de derechos humanos. La táctica ha provocado un discusión feroz en el ministerio de defensa entre los generales conservadores que favorecen una campaña agresiva que se centre en recuentos de víctimas y los reformadores que dicen ue el ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla.

Las matanzas, realizadas por las unidades de combate bajo órdenes de comandantes regionales, han sido siempre un problema en el conflicto de 44 años -- uno que enfrenta al ejército contra un movimiento rebelde basado en campesinos.

Pero con la desmovilización reciente de millares de combatientes paramilitares, muchos de los cuales formaban los escuadrones de la muerte para eliminar los rebeldes, las matanzas del ejército de civiles han crecido de forma marcada desde 2004, según grupos de derechos humanos, los investigadores de las Naciones Unidas y el ministerio del interior del gobierno. El repunte ha venido durante un rearme militar que duplicado las fuerzas armadas a casi 270.000 miembros en los seis años anteriores para ser la segunda fuerza militar en América latina.

Existen diferentes estimaciones del número de matanzas extrajudiciales registradas, muertes de civiles como son llamadas. Pero un informe por una coalición de 187 grupos de derechos humanos dijo que hay alegaciones de que han muerto 955 civiles entre mediados de 2002 y mediados de 2007 y clasificados como guerrilleros caidos en combate -- un aumento del 60 por ciento durante los cinco años anteriores, cuando divulgaron 577 civiles matados por las tropas.

“Veíamos esto como algo aislado, como una patrulla militar había perdido el control,” dijo Bayron Gongora de los Grupos de Libertad Judicial, un grupo de abogados de Medellin que representa a las familias de 110 personas muertas en circunstancias vergonzosas. “Pero qué ahora estamos viendo es sistemático.”

Las víctimas son marginados en la sociedad altamente estratificada de Colombia. La mayoría, como Robeiro Valencia, son agricultores de subsistencia. Otros son Colombians pobres secuestrados de las calles de la populosa Medellin, la capital de este estado, Antioquia, donde se han observado la mayoría de los asesinatos.

Amparo Bermúdez Davila dijo que su hijo, Diego Castañeda, 27, desapareció de Medellin en enero de 2006. Dos meses más adelante, las autoridades llamaban para decir había sido muerto, otra muerte del campo de batalla. Para convencerla, le mostraron una fotografía de su cuerpo, vestido en camuflaje.

“Dije, “guerrillero?” “ella recordó. “Mi hijo no era guerrillero. Y me dijeron que si pensaba que él no era guerrillero, debía presentar una queja.”

Los querellantes militares inician ordinariamente investigaciones cuando el ejército mata a alguien. En los casos que parecen criminales, los querellantes civiles asumen el control, como hicieron en los asesinatos de Valencia y Castañeda en San Francisco. Pero los grupos de derechos humanos y los querellantes del gobierno dicen que las pruebas iniciales han sido generalmente superficiales, y los investigadores han estado bajo presión intensa de altos oficiales del ejército para decidir en favor del ejército.

Tales desafíos han hecho imposible tabular el número exacto de civiles muertos, aunque los grupos de derechos humanos, la oficina del Procurador General de la República y la oficina del Inspector General han hecho estimaciones.

La oficina del Procurador General de la República está investigando 525 matanzas de civiles, la gran mayoría de los cuales ocurrieron desde 2002 y para en la cuá están implicados 706 soldados y funcionarios. La oficina tiene otros 500 casos que implican centenares más de víctimas que están aún por ser abiertos. La oficina del Inspector General, mientras tanto, está investigando 650 casos a partir de 2003 a mediados de 2007 que podría también implicar tanto como 1.000 víctimas, dijo a Carlos Arturo Gómez, el vice Inspector General.

“El año pasado, el número de quejas se disparó,” Gómez dijo. “Algunos han dicho que la causa podría ser los miembros militares sin escrúpulos que quieren demostrar resultados a través de operaciones falsas. Otros dicen que es el producto de la presión de los altos mandos, para empujar la obtención de resultados.”

La tendencia ha incitado la preocupación entre algunos miembros del congreso de los E.E.U.U. como el Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), presidente del subcomité de operaciones extranjeras y de apropiaciones del senado, dijo que él está conteniendo 23 millones de dolares en ayuda militar hasta que él vea progreso en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el estado.

“Hemos tenido en seis años, 5 mil millones de dolares en ayuda de los E.E.U.U. Más de la mitad de los mismos ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando a más civiles, no menos,” Leahy dijo en una entrevista. “Y por todas las informaciones, toda las informaciones independientes, encontramos que los civiles sencillamente los estan eliminando, se están asesinando y después se están vistiendo los civiles con uniformes así pueden ser contados como guerrilleros muertos.”

Frente a una cadena de éxitos recientes contra el FARC, el gobierno de presidente Álvaro Uribe se ha defendido contra las acusaciones y afirma que es parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.

No obstante, el ministro de defensa Juan Manuel Santos reconoce muertes civiles y ha iniciado una serie de pasos que incluyan las nuevas reglas de enfrentamiento, asignando a inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorando el entrenamiento en derechos humanos para los soldados.

El militar también ha estado agilizando su sistema de justicia y la transferencia de más casos a la oficina del Procurador General de la República, que las Naciones Unidas dicen debe tener un mayor papel para poder eliminar las ejecuciones extrajudiciales. La oficina del Procurador General de la República dijo que han detenido a más de 200 miembros las fuerzas armadas siendo investigados por su implicación en las matanzas de civiles, con 13 condenados el año pasado.

“He dicho esto muy claramente: El soldado que realiza un crimen es un criminal, y lo tratarán como criminal,” Santos dijo.

Santos también ha mencionad, en discursos y reuniones, que la política anti-guerrillera del ejército se debe centrar más en la generación de abandonos que acumulando muertes del combate, el método tradicional de medir éxito. “He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero a un guerrilla desmovilizada, o un guerrilla capturado, a un guerrilla muerto,” señaló Santos.

Pero los generales reformadores se han tropezado con los generales influyentes del ministerio de defensa que han defendido a los oficiales acusados de asesinatos y favorecen una estrategia más tradicional para derrotar a los rebeldes.

Esto significa darle a los comandantes en el campo la autonomía y la inculcación de una filosofía que favorece el enfrentamiento rápido con los rebeldes.

¿“Cuál es el resultado de las ofensivas? Combate,” dijo el General Mario Montoya, cabeza del ejército de Colombia, en una entrevista. “Y si hay combate, va a haber muertos en el combate.”

Los grupos de derechos humanos observan una tendencia preocupante, debido a que las táctica usadas por algunas unidades del ejercito son similares a las que los escuadrones de la muerte utilizaban para aterrorizar a civiles. Un investigador jefe de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades del ejercito fueron tan lejos como para llevar "gatitos" que incluyeron las granadas y las pistolas que se podrían plantar al lado de cuerpos.

“El método de matar a la gente percibida como colaboradores de l aguerrilla todavía se considera como legítimo por demasiados miembros del ejército,” dijo a Lisa Haugaard, director del grupo de trabajo de América latina, una coalición con sede en Washington de grupos humanitarios.

Después de que ella se entrevistara con a un número de familias de víctimas, ella determinó que en muchos de los casos los soldados “parecían ir en misiones, no accidentalmente detenian y asesinaban a personas,” dijo.

El oficial más alto implicado en matanzas extrajudiciales es Coronel Hernan Mejia.

Un sargento del ejército retirado que estaba bajo comando de Mejia, Edwin Guzman, contaba de nuevo en una entrevista cómo la unidad de Mejia mataba a granjeros campesinos, los vestía para arriba en trajes de combate y posteriormente llamaba a reporteros del diario local para escribir sobre el supuesto combate que había ocurrido.

Guzman, ahora un testigo del gobierno contra Mejia, dijo participaron los soldados porque sabían que el ejército dio desde incentivos de pago adicional hasta días libres para asesinatos masivos en combate. “Esto es porque el ejército da los premios por las matanzas, no por el control del territorio,” dijo.

Entre ésos tomados como muertos en combate aquí en San Francisco está Rodrigo Albeiro Jiménez, 23, granjero que acababa de ser padre cuando una patrulla del ejército el 19 de octubre de 2004 lo detuvo. Los soldados detuvieron a Jiménez -- nunca fue establecido exactamente porqué -- y dejaron ir a sus compañeros.

Los otros granjeros dijeron a investigadores que entonces oyeron disparos.

Horas más adelante, su esposa, Marelbi Quintero, recibió la noticia: Jiménez había sido asesinado, muerto en combate por un pelotón local.

“Pusieron un arma en su mano y no sé cuántas granadas,” ella dijo. “Intentaron decir que él había hecho algo, o planeaba hacer algo.”

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Reflexiones de Fidel Castro

¡Ojalá me equivoque!
Leí con asombro los despachos cablegráficos de fin de semana sobre la política interna de Estados Unidos, donde es evidente un desgaste sistemático de la influencia del Presidente Barack Obama. Su sorprendente triunfo electoral no habría sido posible sin la profunda crisis política y económica de ese país. Los soldados norteamericanos muertos o heridos en Iraq, el escándalo de las torturas y las cárceles secretas, las pérdidas de vivienda y empleos, habían sacudido a la sociedad norteamericana. La crisis económica se extendía por el mundo incrementando la pobreza y el hambre en los países del Tercer Mundo.

Tales circunstancias hicieron posible la postulación y posterior elección de Obama en una sociedad tradicionalmente racista. No menos del 90% de la población negra, discriminada y pobre, la mayoría de los votantes de origen latinoamericano y una amplia minoría blanca de clase media y obrera, especialmente los jóvenes, votaron por él.

Era lógico que entre los norteamericanos que lo apoyaron se despertaran muchas esperanzas. Transcurridos ocho años de aventurerismo, demagogia y mentiras en los que murieron miles de soldados norteamericanos y casi un millón de iraquíes en una guerra de conquista por el petróleo de ese país musulmán que nada tenía que ver con el atroz ataque a las Torres Gemelas, el pueblo de Estados Unidos estaba hastiado y avergonzado.

No pocas personas de África y otras partes del mundo se entusiasmaron con la idea de que habría cambios en la política exterior de Estados Unidos.

Bastaba, sin embargo, un elemental conocimiento de la realidad para no caer en ilusiones respecto a un posible cambio político en Estados Unidos a partir de la elección del nuevo presidente.

Obama ciertamente se había opuesto a la guerra de Bush en Iraq antes que otros muchos en el Congreso de Estados Unidos. Conocía desde que era adolescente las humillaciones de la discriminación racial, e igual que muchos norteamericanos admiraba al gran luchador por los derechos civiles, Martin Luther King.

Obama nació, se educó, hizo política y tuvo éxito dentro del sistema capitalista imperial de Estados Unidos. No deseaba ni podía cambiar el sistema. Lo curioso es que, a pesar de eso, la extrema derecha lo odia por ser afroamericano y combate lo que el Presidente hace para mejorar la imagen deteriorada de ese país.

Ha sido capaz de comprender que Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo.

Bush, en sus desvaríos, no suscribió siquiera el Protocolo de Kyoto.

Obama se propone, a su vez, aplicar normas más rígidas a la evasión fiscal. Se informa por ejemplo que, de las 52 mil cuentas financieras de los ciudadanos de Estados Unidos en los bancos de Suiza, éstos suministrarán los datos de aproximadamente 4 500 sospechosos de evasión fiscal.

En Europa, hace pocas semanas, Obama se comprometió ante los países del G-8, especialmente Francia y Alemania, a poner fin al uso de los paraísos fiscales por parte de su país, para inyectar enormes cantidades de dólares norteamericanos en la economía mundial.

A casi 50 millones de ciudadanos que carecían de seguro médico les ofreció servicios de salud.

Al pueblo de Estados Unidos prometió lubricar el aparato productivo, frenar el creciente desempleo y volver al crecimiento.

A los 12 millones de inmigrantes hispanos ilegales les ofreció poner fin a las crueles redadas y al trato inhumano que reciben.

Hubo otras promesas que no enumero, ninguna de las cuales cuestiona el sistema de dominio capitalista imperialista.

La poderosa extrema derecha no se resigna a medida alguna que en grado mínimo disminuya sus prerrogativas.

Me limitaré solo a referir con palabras textuales informaciones procedentes de Estados Unidos que en los últimos días han estado llegando, tomadas de las agencias noticiosas y la prensa de Estados Unidos.

El 21 de agosto:

“La confianza de los estadounidenses en el liderazgo del presidente Barack Obama ha disminuido sustancialmente, según una encuesta que publica hoy el diario The Washington Post.”

“En medio de la creciente oposición a la reforma del sistema de salud, la encuesta telefónica realizada junto con la cadena ABC de televisión, del 13 al 17 de agosto entre 1.001 adultos, indica que… el 49 por ciento de los encuestados opina que Obama será capaz de llevar adelante mejoras significativas en el sistema de asistencia médica de EEUU, y esto es 20 puntos porcentuales menos que antes de que Obama iniciara su gestión presidencial.”

“El 55 por ciento de los encuestados cree que la situación general de Estados Unidos va mal encaminada, comparado con el 48 por ciento en abril.”

“El enconado debate sobre la reforma de salud en Estados Unidos da muestras de un extremismo que preocupa a los expertos, quienes están alarmados por la presencia de hombres armados en reuniones populares, las pintadas de esvásticas y las imágenes de Hitler.”

“Los expertos en crímenes de odio recomiendan vigilar de cerca a estos extremistas, y si bien muchos demócratas se han quedado apabullados ante las protestas otros han optado por plantar cara directamente a sus conciudadanos.”

“Una joven, que portaba una foto manipulada de Obama con un bigote al estilo Hitler, alimenta la teoría de que el mandatario crearía ‘paneles de la muerte’ que respaldarían la eutanasia de ancianos desahuciados…”

“…hay quien hace oídos sordos y opta por mensajes de odio y extremismo, que el ex agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) Brad Garrett observa alarmado.”

“‘Vivimos ciertamente tiempos que asustan’, dijo Garrett la semana pasada a la cadena ABC, y añadió que los servicios secretos ‘temen que a Obama pueda pasarle algo’.”

“El lunes, sin ir más lejos, unas doce personas exhibían airosas sus armas fuera del centro de Convenciones de Phoenix (Arizona), donde el gobernante pronunciaba un discurso ante veteranos de guerra en el que defendió, entre otras cosas, su reforma médica.”

“Otro hombre portaba una pistola con el rótulo ‘ha llegado el momento de regar el árbol de la libertad’, en alusión a la cita del presidente Thomas Jefferson (1801‑1809) de que ‘la sangre de patriotas y tiranos’ debería de regar el árbol de la libertad.”

“Algunos mensajes han sido todavía más explícitos al desear ‘la muerte a Obama, a Michelle y a sus dos… niñas’.”

“Esos incidentes demuestran que el odio ha irrumpido en la política estadounidense con más fuerza que nunca.”

“‘Estamos hablando de gente que grita, que porta fotografías de Obama caracterizándolo como nazi (…) y que utiliza despectivamente el término socialista’, dijo a EFE Larry Berman (de la Universidad de California, escritor de 12 libros sobre la Presidencia de EE.UU.), quien atribuye parte de lo que está ocurriendo al legado latente del racismo.”

“Luego de que ‘The New York Times‘ reportara ayer que la CIA contrató en 2004 a Blackwater para tareas de planificación, entrenamiento y vigilancia, en la edición de hoy el diario aporta más detalles sobre las actividades encargadas a esa controvertida empresa de seguridad privada cuyo nombre actual es Xe.”

“El rotativo señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos reclutó agentes de Blackwater para poner bombas en aviones teledirigidos con el objetivo de matar a líderes de Al Qaeda.”

“Según información facilitada por funcionarios del gobierno a ‘The New York Times‘, las operaciones se llevaron en bases situadas en Pakistán y Afganistán, donde la compañía privada montaba y colocaba en los aviones misiles Hellfire y bombas guiadas por láser.”

“El actual director de la agencia, Leon Panetta, decidió en su momento, cancelar el programa y revelar en junio al Congreso la colaboración de Blackwater con la CIA.”

“La colaboración de Blackwater finalizó años antes de que Panetta asumiera la jefatura de la CIA, debido a que los mismos funcionarios de la agencia cuestionaron la conveniencia de que agentes externos participaran en un programa de asesinatos selectivos.”

“Blackwater fue la principal compañía de seguridad privada encargada de proteger a personal estadounidense en Iraq durante la administración de George W. Bush.”

“Sus tácticas agresivas fueron criticadas en diversas ocasiones. El caso más grave se dio en septiembre de 2007, cuando agentes de la empresa mataron a 17 civiles iraquíes.”

“Ante las cifras récord de suicidios y la ola de depresión entre sus soldados, el ejército de Estados Unidos está preparando poco a poco formaciones especializadas destinadas a volver a sus militares ‘más resistentes’ al estrés emocional relacionado a situaciones de guerra.”

Día 22 de agosto:

“El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó hoy una dura crítica a quienes se oponen a su plan para reformar el sistema de salud del país y los acusó de difundir falsedades y distorsiones.”

“Según ha señalado en sus discursos, el objetivo de la reforma del sistema de atención médica es frenar su vertiginoso costo y garantizar cobertura médica a casi 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro.”

“…’debería ser un debate honesto, no dominado por falsedades y distorsiones intencionadas difundidas por los que más se beneficiarían si las cosas se mantienen como están.’”

“El Departamento de Estado norteamericano continúa financiando la Blackwater, la compañía privada de mercenarios a los que se involucró en asesinatos de líderes de Al Qaeda y que ahora se llama Xe Services, escribió hoy el diario The New York Times.”

“El gobernador del estado de Nueva York, David Paterson, aseguró el viernes que los medios de comunicación han utilizado estereotipos raciales en su cobertura de funcionarios negros como él mismo, el presidente Barack Obama y el gobernador de Massachussets, Deval Patrick.”

“La Casa Blanca calcula que el déficit presupuestario a lo largo de la próxima década será de 2 millones de millones de dólares más que los pronosticados hasta hace poco, un golpe demoledor para el presidente Barack Obama y sus planes de crear un sistema de salud público costeado en gran parte por el estado.”

“Los pronósticos a 10 años vista son muy volátiles y pueden variar con el tiempo. Empero, los nuevos números rojos en las finanzas públicas plantearán arduos problemas a Obama en el Congreso, y una enorme ansiedad entre los extranjeros que financian la deuda pública estadounidense, especialmente China. Casi todos los economistas los consideran insostenibles incluso con una devaluación masiva del dólar estadounidense.”

Día 23 de agosto:

“El principal militar a la cabeza del ejército estadounidense se mostró preocupado el domingo por la pérdida de apoyo popular en su país a la guerra en Afganistán, al tiempo que indicó que el país sigue siendo vulnerable a ataques de extremistas.”

“‘Creo que la situación en Afganistán es grave y se está deteriorando, y yo he dicho que durante los últimos dos años la insurrección Talibán ha mejorado, se ha vuelto más especializada’, afirmó el jefe del comando conjunto de las fuerzas militares, Mike Mullen.”

”En una entrevista transmitida por la cadena NBC, Mullen no quiso especificar si será necesario enviar a más soldados.”

“Poco más de 50% de los consultados en una encuesta del diario Washington Post y la cadena ABC, publicada en días recientes, expresaron que no vale la pena la guerra en Afganistán.”

“A finales de 2009, Estados Unidos tendrá tres veces más soldados que los 20.000 que estaban desplegados en Afganistán hace tres años.”

La confusión reina en el seno de la sociedad norteamericana.

El próximo 11 de septiembre se cumplirán ocho años del fatídico 11-S. Ese mismo día advertimos en el acto de la Ciudad Deportiva que la guerra no sería el camino para poner fin al terrorismo.

La estrategia de retirar las tropas de Iraq y enviarlas a la guerra de Afganistán a luchar contra los talibanes, es un error. Allí se hundió la Unión Soviética. Los aliados europeos de Estados Unidos harán cada vez más resistencia a derramar en ese país la sangre de sus soldados.
La preocupación de Mullen sobre la popularidad de esa guerra no es infundada. Los que fraguaron el ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas fueron entrenados por Estados Unidos.

El Talibán es un movimiento nacionalista afgano que nada tuvo que ver con aquel hecho. La organización Al Qaeda, financiada por la CIA desde 1979 y utilizada contra la URSS en los años de la guerra fría, fue quien fraguó aquel ataque 22 años después.

Existen hechos oscuros que no han sido suficientemente esclarecidos todavía ante la opinión pública internacional.

Obama ha heredado de Bush esos problemas.

No albergo la menor duda de que la derecha racista hará todo lo posible por desgastarlo, obstaculizando su programa para sacarlo del juego por una u otra vía, al menor costo político posible. 

Fidel Castro Ruz

Agosto 24 de 2009

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