Ahora la iniciativa pasa a manos del Senado, donde la mayoría simple de los votos decidirá el destino político de Rousseff.
Dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento brasileño han dado la luz verde a la destitución de la presidenta actual del país, Dilma Rousseff, informa la agencia
Reuters.
De acuerdo con los resultados oficiales 342 diputados de la Cámara Baja del Parlamento votaron a favor del inicio del juicio político contra la mandataria, mientras que 135 no apoyaron la iniciativa, pero no han logrado a neutralizar a la mayoría opositora.
Ahora la iniciativa pasa a manos del Senado, donde la mayoría simple de los votos decidirá el destino político de Rousseff. Si más del 50% de los senadores aprueban el inicio del proceso de juicio político contra la presidenta, ella dejará el cargo por un periodo de 180 días, durante el cual los parlamentarios investigarán su caso.
Durante ese período, el país estará encabezado por el vicepresidente Michel Temer. No obstante, si los senadores no están de acuerdo con los argumentos de los promotores de la suspensión de la presidenta, Rousseff volverá a sus funciones. De lo contrario Temer permanecerá como jefe de Estado hasta las elecciones del año 2018.
La mañana de este domingo la Cámara de Diputados brasileña ha empezado la votación para el juicio político contra la jefa de Estado, que duró unas nueve horas. Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores de Rousseff ha reconocido la victoria de sus oponentes, que autoriza el 'impeachment' contra la mandataria, sin esperar a los resultados finales de la votación.
Juzgada por los involucrados en los delitos económicos
El periódico '
The New York Times' analizó la situación política en Brasil y llegó a la conclusión de que la presidenta es acusada por legisladores que enfrentan sus propios escándalos.
Además, el diario señala que
Rousseff es un caso extraño entre las principales figuras políticas del país, ya que no ha sido acusada de robar para lucrarse.
Al contrario, las acusaciones vertidas sobre Rousseff aseguran que utilizó dinero de los grandes bancos públicos para cubrir brechas presupuestarias, dañando la credibilidad económica de Brasil. Mientras tanto, según Transparência Brasil, el 53% de los integrantes de la Cámara de Diputados están siendo investigados.