MOLIERE...un perro en la red

Este lunes se ha aprobado la resolución de ruptura de Cataluña con España. Inmediatamente después de esto se producirá una reunión urgente del Consejo de Estado para aprobar el recurso de inconstitucionalidad. Luego, mañana martes o el miércoles, el Consejo de Ministros se reunirá para justificar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Y por último, este jueves el Tribunal Constitucional acordará la suspensión la resolución que se ha aprobado hoy lunes. Según las consecuencias de estos hechos, el Gobierno español tiene varios planes de acción, informa 'El Mundo'.

Existe la posibilidad de que el Parlamento catalán no dé pasos efectivos, como la creación de organismos propios de Cataluña, antes de las elecciones generales del 20 de diciembre.

No obstante, puede que el acuerdo entre Artur Mas y la CUP (Candidatura de Unidad Popular, un partido político independentista catalán que obtuvo 10 escaños y por ende la llave para la creación del nuevo gobierno autonómico) sobre su investidura como presidente de Cataluña acelere la ruptura de la Comunidad Autónoma con España. En ese caso, la respuesta que daría el Gobierno español incluiría medidas económicas, como la suspensión de nuevas remesas del Fondo de Liquidez. A consecuencia de eso, la Generalidad de Cataluña en un corto plazo dejaría de pagar a algunos de sus proveedores e incluso a sus funcionarios.

Además, la Abogacía del Estado y la Fiscalía iniciarían un proceso penal contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Luego, si los actos de desobediencia persisten, el Gobierno planea aplicar el artículo 155 de la Constitución española, lo que supone retirar a la Generalidad el control de la Policía autonómica, los Mozos de Escuadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior. Se agrega que, según unos informes, en este caso la gran mayoría los policías autonómicos se mantendría fiel al Gobierno español.

En todo caso, el futuro de España dependerá de la capacidad de los responsables de encontrar una solución democrática al problema catalán.