Colombia: Un congreso putrefacto por el paramilitarismo
Congreso ¿Legitimo?...Así publica la revista Semana en su edición digital, lo que parece un clamor editorial de este prestigioso semanario y de toda la sociedad colombiana conciente del estado de descomposición de su clase política. Las pruebas, declaraciones e incluso confesiones, de jefes paramilitares que se jactan de controlar gran número de congresistas y de haber influido en los resultados de la elección presidencial que llevó a la Casa de Nariño al candidato de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC), Alvaro Uribe Vélez, son abundantes y variadas. Pero el gobierno del "Dr. Varito" se ha encargado de utilizar todo su poder para frenar y boicotear las investigaciones, al punto de enfrentarse contra la Corte Suprema Colombiana y usar la guerra sucia y el amedrentamiento de los magistrados, para evitar el accionar de la justicia.
Es muy lamentable, pero la nación colombiana está en manos de una banda delincuencial de altísimo nivel que logró coronar un proyecto político narcoparamilitar disfrazado de democracia y lenta pero decididamente ha copado casi todos los espacios de poder.
Los jueces honestos de Colombia intentan hacer frente al avance de este flagelo político y criminal, pero se han encontrado de frente con el accionar mafioso del Presidente Alvaro Uribe Vélez y su corte narcoparamilitar.
Saludos...Moliere.
PD: Lean cuidadosamente el artículo de Semana.com, porque no tiene desperdicio.
Congreso ¿legítimo?
Van 50 congresistas investigados o detenidos por la para-política. ¿Tiene el legislativo autoridad para dictar las leyes si ha perdido representatividad y muchos de sus votos están viciados?
Fecha: 03/01/2008
Esta semana se batió un nuevo y preocupante récord en Colombia. Con la orden de captura contra cinco congresistas expedida el lunes por la Corte ya se puede hablar de que uno de cada cinco legisladores está o detenido o investigado porque los paramilitares les habrían ayudado a conseguir los votos con los que se convirtieron en padres de la patria.
En total son 50 los involucrados en el más grande proceso judicial contra el Congreso: 28 senadores y 22 representantes. De ellos, 24 están detenidos, y 22 sin ningún recato han renunciado al fuero de congresistas para que no los juzgue la Corte Suprema de Justicia y tener mayor espacio de maniobra en la Fiscalía.
Se trata, sin duda, de la peor crisis del Congreso en la historia -en el proceso 8.000 no llegaron a 30 los congresistas salpicados- y tal vez es la más grave que se conozca en materia judicial de cualquier órgano legislativo del mundo. Lo que se está cuestionando no son pecados veniales de uno u otro congresista, sino la legitimidad misma de la elección.
Los avances de la Corte y de la Fiscalía van demostrando que un grupo al margen de la ley, que llegó a estar en la lista de terroristas de Estados Unidos, las AUC, le dio un silencioso pero contundente golpe de Estado a uno de los tres pilares de la democracia.
Si la cuenta se hace por votos y no por curules, se concluye que el 30 por ciento de los votos del Senado estarían viciados (de los más de cinco millones con los cuales los senadores fueron elegidos, por lo menos un millón y medio les pertenecen a los parlamentarios detenidos o investigados) y en el caso de la Cámara suman 12 por ciento los votos contaminados.
Y la situación podría agravarse. Según una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, "33 senadores y 50 representantes resultaron elegidos en zonas de control paramilitar". Es decir, de llegar a concretarse estas cifras, se estaría hablando de que uno de cada tres congresistas estaría cuestionado, lo cual deja muy maltrecha la legitimidad de las mayorías en el Congreso.
Ante esta realidad, un interrogante va al corazón del Estado de Derecho: ¿Qué tan legítimo es un Congreso en el que el 20 por ciento de sus miembros está en tela de juicio? ¿Qué tan legítimas son las leyes que ha aprobado y en particular las que pueden favorecer a los ex paramilitares?
Son dos los puntos sobre los cuales se pone la lupa a la hora de evaluar la legitimidad: el de la leyes que han aprobado tanto este Congreso como el elegido en 2002, toda vez que la mayoría de los implicados en la para-política (38 de 50) también fungieron como parlamentarios en el período anterior; y el de la representatividad de quiénes ocupan hoy las curules que han quedado vacantes por el escándalo.
Muchos de los que se atreven a responder aseguran que de verdad hay un grave quiebre institucional. "Tenemos hoy una fractura de la democracia representativa de grandes proporciones porque los que hoy nos representan en el Congreso no tuvieron los votos para llegar", explica el analista Pedro Medellín, y agrega: "si el cálculo es que entre 85 y 115 congresistas van a terminar involucrados, eso ya marca una crisis de legitimidad".
En ese mismo sentido apunta Elizabeth Ungar, de Congreso Visible de la Universidad de los Andes: "Nos preocupa el tema de quiénes están ocupando las curules que quedan vacantes y cómo afecta la representatividad. En algunos casos las están asumiendo con 4.000 votos". Sin embargo, en cuanto a la legitimidad del Congreso, advierte, "no se puede medir en términos cuantitativos, la mitad más uno. Habría que mirar más bien la legitimidad de las decisiones: si en los proyectos que se han aprobado, ha habido conflicto de intereses".
Y la senadora uribista Gina Parody también cuestiona la situación del Legislativo: "En una democracia lo que le da la legitimidad al Congreso es la elección. Cuando se masacra, se desplaza, se constriñe al elector, esa elección queda viciada. Una de las cosas ilegítimas es la Ley de Justicia y Paz... fue votada por ellos (los congresistas investigados) sin restricción".
En cuanto a las leyes, llama especialmente la atención la de Justicia y Paz, toda vez que en ella se daban beneficios a los paramilitares, que luego fueron de alguna manera revocados por la Corte Constitucional. O la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, temáticas en las cuales las antiguas autodefensas tienen un particular interés y que el Procurador ha dicho que legitiman la apropiación de tierras. Incluso, hay quienes van más allá y piden revisar la votación del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial y que fue aprobado en un verdadero voto finish.
SEMANA revisó cómo fue la votación en el Senado de dos de estas leyes, la Ley de Justicia y Paz y la Ley Forestal, y encontró que si bien los hoy para-políticos votaron por el sí en ambas, si no se contabilizaran sus votos, igual serían aprobadas. En ambos casos estaban presentes 12 de los 28 senadores hoy salpicados.
Muchos de estos proyectos fueron de iniciativa gubernamental, por lo que el propio presidente Uribe, en un gesto que fue muy cuestionado en su momento, alentó públicamente a los congresistas salpicados por la para-política para que los votaran antes de que perdieran sus curules.
En cuanto a los políticos que asumen las curules vacantes, están alcanzando esa dignidad con una cifra mínima de votos (ver recuadro): el reemplazo de Alfonso Campo Escobar se convirtió en representante a la Cámara con sólo 2.907 votos, y el sucesor de Mario Uribe llegó al Senado con 4.017.
Y lo peor es que no pasa nada: las leyes que han aprobado los congresistas cuestionados siguen su curso; las curules que sus partidos han ganado con esos votos viciados no se las han quitado, y ni siquiera han devuelto el dinero que les paga el Estado para reponer esos votos. En el Senado, por ejemplo, la reposición por los sufragios contaminados fue de 5.500 millones de pesos. Es decir, el bolsillo de los colombianos pagó por votos conseguidos bajo la presión de los paramilitares.
¿Cómo se puede recomponer la legitimidad del Congreso? Los intentos que se han hecho han fracasado. Paradójicamente, el presidente Uribe, que se dio brillo en los medios defendiendo la reforma del Congreso, terminó dándole un entierro de tercera.
En febrero del año pasado, Uribe dijo en Ubaté: "Si condenan a un congresista de un partido y ese partido no puso todo el cuidado en la selección, que ese partido pierda la curul, que le descuenten los votos de ese congresista, que tenga que devolver la plata que recibió del Tesoro Nacional por ese congresista y que, incluso, el partido corra el riesgo de perder el umbral. A mí me parece que esa reforma hay que discutirla, ojalá aprobarla".
Pero cuatro meses después, el día en que se cerraba la legislatura, y antes de que se pudiera hacer el último debate de la primera vuelta de la reforma, llegó una funcionaria de la Casa de Nariño al Congreso y a cada uno de los senadores le dijo que el Presidente lo invitaba a una copa de vino. En un abrir y cerrar de ojos unos 50 congresistas salieron, se disolvió el quórum y en el Capitolio murió la reforma que trataba salvar al Congreso del desprestigio de la para-política.
Uno de los asistentes explicó entonces que la reforma no tenía ambiente, "ni signos vitales", cuando se fueron para Palacio. Y sin duda es difícil que prospere una iniciativa de estas en el Congreso. En una democracia sana, los partidos tendrían que entender su propia reforma como una cura necesaria de la cual sacarían como rédito elevar su legitimidad.
Pero en Colombia, esto se ve como un hara-kiri, que nadie está dispuesto a hacerse. Los partidos Liberal y Conservador estarían en riesgo de perder nueve curules, Cambio Radical, cinco, y La U, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Apertura Liberal, cuatro cada uno.
Lo único que queda en el horizonte es la nueva reforma política que ya está haciendo tránsito y fue aprobada en primera vuelta. Sin embargo, para la segunda vuelta ninguno de los congresistas consultados por SEMANA le da mayores esperanzas. Entre otras, porque en ella se incluyeron aspectos como aumentar el umbral del 2 al 5 por ciento, como requisito para mantener la personería de los partidos. Artículo al que no le caminan líderes importantes de bancadas, como Gustavo Petro, del Polo Democrático, y otros del uribismo.
Lo más paradójico es que ese Congreso después de bajar estruendosamente en su favorabilidad (cayó de 54 por ciento de imagen favorable en julio de 2006 a 34 por ciento en junio de 2007), ahora está repuntando: un 48 por ciento de favorabilidad contra un 38 por ciento de imagen desfavorable.
Eso se explica, según Jorge Londoño, de Invamer Gallup, porque "se ha pegado del beneficio que el país les está dando a sus instituciones por la amenaza de Venezuela y de las Farc y porque pensaría yo que en la medida en que los congresistas van a la cárcel, la gente piensa que hay limpieza".
Lo cierto es que en lo que va corrido de 2008 el Congreso parece congelado. Nunca antes se había visto que se convocaran sesiones extra y no se debatiera ninguna ley importante. Y en el horizonte no se vislumbra nada distinto a esperar si se avanza o no en el debate de la tercera reelección.
Este capítulo de la democracia en Colombia está abierto todavía. Aún no se sabe hasta dónde la para-política carcomerá al Legislativo ni tampoco todos sus efectos. En todo el proceso con los paramilitares, que le ha costado tanto al país y en el cual ha puesto gran cuota de sacrificio la justicia, es hora de que el Congreso
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Fecha: 03/01/2008
Esta semana se batió un nuevo y preocupante récord en Colombia. Con la orden de captura contra cinco congresistas expedida el lunes por la Corte ya se puede hablar de que uno de cada cinco legisladores está o detenido o investigado porque los paramilitares les habrían ayudado a conseguir los votos con los que se convirtieron en padres de la patria.
En total son 50 los involucrados en el más grande proceso judicial contra el Congreso: 28 senadores y 22 representantes. De ellos, 24 están detenidos, y 22 sin ningún recato han renunciado al fuero de congresistas para que no los juzgue la Corte Suprema de Justicia y tener mayor espacio de maniobra en la Fiscalía.
Se trata, sin duda, de la peor crisis del Congreso en la historia -en el proceso 8.000 no llegaron a 30 los congresistas salpicados- y tal vez es la más grave que se conozca en materia judicial de cualquier órgano legislativo del mundo. Lo que se está cuestionando no son pecados veniales de uno u otro congresista, sino la legitimidad misma de la elección.
Los avances de la Corte y de la Fiscalía van demostrando que un grupo al margen de la ley, que llegó a estar en la lista de terroristas de Estados Unidos, las AUC, le dio un silencioso pero contundente golpe de Estado a uno de los tres pilares de la democracia.
Si la cuenta se hace por votos y no por curules, se concluye que el 30 por ciento de los votos del Senado estarían viciados (de los más de cinco millones con los cuales los senadores fueron elegidos, por lo menos un millón y medio les pertenecen a los parlamentarios detenidos o investigados) y en el caso de la Cámara suman 12 por ciento los votos contaminados.
Y la situación podría agravarse. Según una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, "33 senadores y 50 representantes resultaron elegidos en zonas de control paramilitar". Es decir, de llegar a concretarse estas cifras, se estaría hablando de que uno de cada tres congresistas estaría cuestionado, lo cual deja muy maltrecha la legitimidad de las mayorías en el Congreso.
Ante esta realidad, un interrogante va al corazón del Estado de Derecho: ¿Qué tan legítimo es un Congreso en el que el 20 por ciento de sus miembros está en tela de juicio? ¿Qué tan legítimas son las leyes que ha aprobado y en particular las que pueden favorecer a los ex paramilitares?
Son dos los puntos sobre los cuales se pone la lupa a la hora de evaluar la legitimidad: el de la leyes que han aprobado tanto este Congreso como el elegido en 2002, toda vez que la mayoría de los implicados en la para-política (38 de 50) también fungieron como parlamentarios en el período anterior; y el de la representatividad de quiénes ocupan hoy las curules que han quedado vacantes por el escándalo.
Muchos de los que se atreven a responder aseguran que de verdad hay un grave quiebre institucional. "Tenemos hoy una fractura de la democracia representativa de grandes proporciones porque los que hoy nos representan en el Congreso no tuvieron los votos para llegar", explica el analista Pedro Medellín, y agrega: "si el cálculo es que entre 85 y 115 congresistas van a terminar involucrados, eso ya marca una crisis de legitimidad".
En ese mismo sentido apunta Elizabeth Ungar, de Congreso Visible de la Universidad de los Andes: "Nos preocupa el tema de quiénes están ocupando las curules que quedan vacantes y cómo afecta la representatividad. En algunos casos las están asumiendo con 4.000 votos". Sin embargo, en cuanto a la legitimidad del Congreso, advierte, "no se puede medir en términos cuantitativos, la mitad más uno. Habría que mirar más bien la legitimidad de las decisiones: si en los proyectos que se han aprobado, ha habido conflicto de intereses".
Y la senadora uribista Gina Parody también cuestiona la situación del Legislativo: "En una democracia lo que le da la legitimidad al Congreso es la elección. Cuando se masacra, se desplaza, se constriñe al elector, esa elección queda viciada. Una de las cosas ilegítimas es la Ley de Justicia y Paz... fue votada por ellos (los congresistas investigados) sin restricción".
En cuanto a las leyes, llama especialmente la atención la de Justicia y Paz, toda vez que en ella se daban beneficios a los paramilitares, que luego fueron de alguna manera revocados por la Corte Constitucional. O la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, temáticas en las cuales las antiguas autodefensas tienen un particular interés y que el Procurador ha dicho que legitiman la apropiación de tierras. Incluso, hay quienes van más allá y piden revisar la votación del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial y que fue aprobado en un verdadero voto finish.
SEMANA revisó cómo fue la votación en el Senado de dos de estas leyes, la Ley de Justicia y Paz y la Ley Forestal, y encontró que si bien los hoy para-políticos votaron por el sí en ambas, si no se contabilizaran sus votos, igual serían aprobadas. En ambos casos estaban presentes 12 de los 28 senadores hoy salpicados.
Muchos de estos proyectos fueron de iniciativa gubernamental, por lo que el propio presidente Uribe, en un gesto que fue muy cuestionado en su momento, alentó públicamente a los congresistas salpicados por la para-política para que los votaran antes de que perdieran sus curules.
En cuanto a los políticos que asumen las curules vacantes, están alcanzando esa dignidad con una cifra mínima de votos (ver recuadro): el reemplazo de Alfonso Campo Escobar se convirtió en representante a la Cámara con sólo 2.907 votos, y el sucesor de Mario Uribe llegó al Senado con 4.017.
Y lo peor es que no pasa nada: las leyes que han aprobado los congresistas cuestionados siguen su curso; las curules que sus partidos han ganado con esos votos viciados no se las han quitado, y ni siquiera han devuelto el dinero que les paga el Estado para reponer esos votos. En el Senado, por ejemplo, la reposición por los sufragios contaminados fue de 5.500 millones de pesos. Es decir, el bolsillo de los colombianos pagó por votos conseguidos bajo la presión de los paramilitares.
¿Cómo se puede recomponer la legitimidad del Congreso? Los intentos que se han hecho han fracasado. Paradójicamente, el presidente Uribe, que se dio brillo en los medios defendiendo la reforma del Congreso, terminó dándole un entierro de tercera.
En febrero del año pasado, Uribe dijo en Ubaté: "Si condenan a un congresista de un partido y ese partido no puso todo el cuidado en la selección, que ese partido pierda la curul, que le descuenten los votos de ese congresista, que tenga que devolver la plata que recibió del Tesoro Nacional por ese congresista y que, incluso, el partido corra el riesgo de perder el umbral. A mí me parece que esa reforma hay que discutirla, ojalá aprobarla".
Pero cuatro meses después, el día en que se cerraba la legislatura, y antes de que se pudiera hacer el último debate de la primera vuelta de la reforma, llegó una funcionaria de la Casa de Nariño al Congreso y a cada uno de los senadores le dijo que el Presidente lo invitaba a una copa de vino. En un abrir y cerrar de ojos unos 50 congresistas salieron, se disolvió el quórum y en el Capitolio murió la reforma que trataba salvar al Congreso del desprestigio de la para-política.
Uno de los asistentes explicó entonces que la reforma no tenía ambiente, "ni signos vitales", cuando se fueron para Palacio. Y sin duda es difícil que prospere una iniciativa de estas en el Congreso. En una democracia sana, los partidos tendrían que entender su propia reforma como una cura necesaria de la cual sacarían como rédito elevar su legitimidad.
Pero en Colombia, esto se ve como un hara-kiri, que nadie está dispuesto a hacerse. Los partidos Liberal y Conservador estarían en riesgo de perder nueve curules, Cambio Radical, cinco, y La U, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Apertura Liberal, cuatro cada uno.
Lo único que queda en el horizonte es la nueva reforma política que ya está haciendo tránsito y fue aprobada en primera vuelta. Sin embargo, para la segunda vuelta ninguno de los congresistas consultados por SEMANA le da mayores esperanzas. Entre otras, porque en ella se incluyeron aspectos como aumentar el umbral del 2 al 5 por ciento, como requisito para mantener la personería de los partidos. Artículo al que no le caminan líderes importantes de bancadas, como Gustavo Petro, del Polo Democrático, y otros del uribismo.
Lo más paradójico es que ese Congreso después de bajar estruendosamente en su favorabilidad (cayó de 54 por ciento de imagen favorable en julio de 2006 a 34 por ciento en junio de 2007), ahora está repuntando: un 48 por ciento de favorabilidad contra un 38 por ciento de imagen desfavorable.
Eso se explica, según Jorge Londoño, de Invamer Gallup, porque "se ha pegado del beneficio que el país les está dando a sus instituciones por la amenaza de Venezuela y de las Farc y porque pensaría yo que en la medida en que los congresistas van a la cárcel, la gente piensa que hay limpieza".
Lo cierto es que en lo que va corrido de 2008 el Congreso parece congelado. Nunca antes se había visto que se convocaran sesiones extra y no se debatiera ninguna ley importante. Y en el horizonte no se vislumbra nada distinto a esperar si se avanza o no en el debate de la tercera reelección.
Este capítulo de la democracia en Colombia está abierto todavía. Aún no se sabe hasta dónde la para-política carcomerá al Legislativo ni tampoco todos sus efectos. En todo el proceso con los paramilitares, que le ha costado tanto al país y en el cual ha puesto gran cuota de sacrificio la justicia, es hora de que el Congreso
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