Crisis en España: 40.000 inmobiliarias cerraron en 2007
Casi la mitad de las agencias inmobiliarias españolas tuvieron que cerrar sus puertas el año pasado en España, según datos del Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Según esta agrupación, el cierre precipitado de estas agencias se debe a que las ventas de inmuebles han caído más de un 40%. Esta crisis ha provocado además que las cifras del paro se incrementen en más de cien mil personas, la mayoría antiguos agentes inmobiliarios.
Estos datos coinciden con otros divulgados este jueves que señalan que el sector inmobiliario espera una caída en el precio de la vivienda para 2008.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha informado de que los precios de la vivienda experimentaron un crecimiento inferior al 5% en 2007. Estos datos demuestran, en su opinión, que los precios crecen en consonancia al IPC, que cerró 2007 con un crecimiento del 4,2%.
Casi la mitad de las agencias inmobiliarias españolas tuvieron que cerrar sus puertas el año pasado en España, según datos del Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
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20minutos.es
Agencias. Miloon Kothari, relator de la ONU para la Vivienda, recomendó ayer al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país "se enfrenta a una grave crisis" inmobiliaria.
"El Gobierno español debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población", declaró el experto de la ONU.
Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, con el fin de elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque este martes adelantó sus conclusiones preliminares.
"El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas", explicó Kothari.
Este elevado porcentaje podría tener un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido".
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, "de las más altas de Europa", está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad".
"Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación", explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que "la situación no pueda sostenerse a largo plazo".
"En cuanto suban un mínimo los tipos de interés -apuntó-, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente" por lo que es necesario que "se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar".
Para Kothari, "la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo".
Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que "suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos".
Además, "la promoción de viviendas está restringida a pocos actores, que se reparten ganancias astronómicas", así que habría que abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
El relator de la ONU recordó que sólo el 12% de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2% calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30% de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
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